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La agricultura familiar logró su reconocimiento en la Argentina
12 de Septiembre, 2008, 11:41
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Por Oscar J. Serrat (x) Son
más de 250.000 familias que cultivan el suelo, representan
aproximadamente el 70% de la producción rural de la Argentina, y
sin embargo carecieron hasta ahora de reconocimiento formal por parte
del gobierno. Las cuatro organizaciones tradicionales que invocan la
representación del agro, nunca tomaron en cuenta a estos pequeños
productores agrupados en el Foro de Agricultura Familiar, con
intereses y necesidades diferenciados de los grandes propietarios
rurales y sectores rentísticos del campo. El gobierno de la
presidenta Cristina Fernández finalmente salvó recientemente esa
omisión, al crear dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA) una dependencia que se ocupará,
específicamente, de los labriegos que con sus familias cultivan
generalmente extensiones reducidas de campos a lo largo y ancho de la
Argentina. En este sector está comprendido el Movimiento Campesino
Indígena, con presencia en varias provincias del interior del país. Es
probable que esta “toma de conciencia” oficial sobre la agricultura
familiar, sea consecuencia del peor conflicto que debió afrontar la
presidenta Fernández desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre
pasado, provocado por el lockout (paro patronal) de las cuatro
organizaciones de propietarios rurales. Durante más de 100 días, a
partir de marzo, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(Coninagro) y la Federación Agraria Argentina (FAA) bloquearon rutas,
alteraron los sistemas de comercialización y produjeron
desabastecimiento en los centros urbanos, en rechazo al nuevo sistema
de gravámenes móviles a las exportaciones de la soja, el girasol y los
cereales. El gobierno explicó la necesidad de esas “retenciones”
móviles por la renta extraordinaria que estaban obteniendo los
exportadores, derivada del alto precio internacional de las
“commodities”, y como protección al bolsillo de los consumidores
argentinos. Los “ruralistas” rechazaron la movilidad del gravamen calificándolo de confiscatorio. Finalmente
el proyecto, aprobado por la cámara de diputados, naufragó en el Senado
en julio, cuando el vicepresidente Julio Cobos, titular de la cámara
alta, se pronunció sorpresivamente contra el gobierno, al desempatar
una votación. Durante el conflicto con los propietarios rurales,
las organizaciones de agricultura familiar no se sumaron a la protesta
patronal y en cambio defendieron la necesidad de los cuestionados
gravámenes móviles. Pedro Cerviño, dirigente del Foro de
Agricultura Familiar, recientemente designado por el gobierno en un
cargo clave dentro de la SAGPyA, declaró a MERCOSUR Noticias que la
primera tarea a que está abocado el equipo que integra, es elaborar el
Registro Nacional de Economía Familiar. “La cantidad estimada de
familias es de 250.000, distribuidas por todo el interior del país,
especialmente en los pueblos y ciudades chicas. Puede calcularse que
cada familia está formada al menos por cinco personas”, afirmó. “Una
vez que esté el Registro se podrán universalizar las políticas
relacionadas con el ordenamiento del régimen de tierras, los problemas
de infraestructura, especialmente la provisión de agua para el consumo,
para los animales y el riego. Vamos a encarar también temas como la
construcción de caminos y comunicaciones y la planificación de la
producción de la agricultura familiar destinada a los mercados”,
sostiene Cerviño. El flamante funcionario, que estuvo largo tiempo
detenido durante la pasada dictadura militar a causa de su militancia
social, opina que sería posible canalizar, en beneficio de esos
pequeños productores, buena parte de las compras del estado, una vez
que se garanticen los debidos resguardos sanitarios y de calidad. ”También aspiramos a poder crear un monotributo (impuesto) específico para la actividad agraria familiar”, dice Cerviño. Los
requisitos para integrar esa categoría toman en cuenta varios
aspectos. En primer lugar el tema del ingreso familiar, con respecto al
cual la SAGPyA, en principio, se inclina por fijar una suma tope, que
podría ser de 10.000 pesos mensuales (unos 3.290 dólares
estadounidenses). También se tomará en cuenta la residencia. La
familia tiene que residir en el predio o en una población cercana. En
cuanto a la tenencia de la tierra no ponemos límites, pues depende de
las regiones y las zonas. Mil hectáreas en la Patagonia seguramente
representan menos que cinco hectáreas en una zona de cultivo y riego
intensivo. Y especialmente comprobar que la familia sea dueña del
emprendimiento y que no esté trabajando para un tercero o para uno de
los llamados ‘pools’ de siembra. Otro requisito, según Cerviño,
es el límite de ocupación de mano de obra extrafamiliar. El Foro de
Agricultura Familiar ha propuesto hasta tres contratados permanentes, y
es posible que el número se establezca finalmente en dos, informa el
funcionario. ¿Qué producen las familias dedicadas a la agricultura? “Llegan
a producir hasta soja, hay familias que la producen en extensiones de
35 hectáreas en la pampa húmeda. Pero más cultivan trigo y maíz.
Después todas las producciones del campo que uno imagine, por ejemplo
en el rubro ganadero, ganado bovino y caprino, toda clase de animales
de granja, también hortalizas, frutales de toda clase, algunos cultivos
clásicos, como tabaco y caña de azúcar y hasta algunos emprendimientos
agroindustriales”, explica Cerviño. Un capítulo aparte merecen las
comunidades indígenas dedicadas a la agricultura, que según
estimaciones oficiales comprenden unas 20.000 familias en varias
provincias, particularmente del noroeste, nordeste y centro de la
Argentina. En un encuentro realizado en mayo pasado por el
Movimiento Nacional Campesino Indígena, sus portavoces informaron que
el principal reclamo de esas comunidades es el continuo acoso que
sufren de parte de empresas y algunos gobiernos provinciales, para
desalojarlos de las tierras que ocupan ancestralmente. “Han
utilizado todo tipo de métodos criminales e ilegales para expulsar por
la violencia, incluso armada, a comunidades campesinas e indígenas
enteras, con el accionar cómplice de jueces,policías y dirigentes
políticos, violando y contaminando territorios, aguas, bosques,
biodiversidad”, expresaban. Uno de los reclamos formulados
entonces era “la creación de una Secretaría de desarrollo rural, un
programa de Reforma Agraria Integral, programas de desarrollo de la
agricultura campesina indígena, urbana y agroecológica. Si el gobierno
y la oposición política no desean la desaparición, sino la
multiplicación, de los medianos y pequeños productores, éste es el
tiempo”.
(x) De la redacción de MERCOSUR Noticias
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Publicado el ( Viernes, 12 de Septiembre de 2008 )
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