12 de Septiembre, 2008, 11:41

Por Oscar J. Serrat (x) Son más de 250.000 familias que cultivan el suelo,  representan aproximadamente  el 70%  de la producción rural de la Argentina, y  sin  embargo carecieron hasta ahora de reconocimiento formal por parte del gobierno. Las cuatro organizaciones tradicionales que invocan la representación del agro, nunca tomaron en cuenta a estos pequeños productores  agrupados en el Foro de Agricultura Familiar,  con intereses y necesidades diferenciados de los grandes propietarios rurales y sectores rentísticos del campo. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández finalmente salvó recientemente esa omisión, al crear  dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) una dependencia que se ocupará, específicamente, de los labriegos que con sus familias cultivan generalmente extensiones reducidas de campos a lo largo y ancho de la Argentina. En este sector está comprendido el Movimiento Campesino Indígena, con presencia en varias provincias del interior del país. Es probable que esta “toma de conciencia” oficial sobre  la agricultura familiar, sea consecuencia del peor conflicto que debió  afrontar la presidenta Fernández desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre pasado, provocado por el lockout (paro patronal) de  las cuatro organizaciones de propietarios rurales. Durante más de 100 días, a partir de marzo, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina (FAA) bloquearon rutas, alteraron los sistemas de comercialización y produjeron desabastecimiento en los centros urbanos, en rechazo al  nuevo sistema de gravámenes móviles a las exportaciones de la soja, el girasol y los cereales. El gobierno explicó la necesidad de esas “retenciones” móviles por la renta extraordinaria que estaban obteniendo los exportadores,  derivada del alto  precio internacional de las “commodities”,  y como protección al bolsillo de los consumidores argentinos.   Los “ruralistas” rechazaron la movilidad del gravamen  calificándolo de confiscatorio. Finalmente el proyecto, aprobado por la cámara de diputados, naufragó en el Senado en julio, cuando el vicepresidente Julio Cobos, titular de la cámara alta, se pronunció sorpresivamente contra el gobierno, al desempatar una  votación.   Durante el conflicto con los propietarios rurales,  las organizaciones de agricultura familiar no se sumaron a la protesta patronal y en cambio defendieron la necesidad de los cuestionados gravámenes móviles. Pedro Cerviño, dirigente del Foro de Agricultura Familiar, recientemente designado por el gobierno en un cargo clave dentro de la SAGPyA, declaró a MERCOSUR Noticias que  la primera tarea a que está abocado el equipo que integra, es elaborar el Registro Nacional de Economía Familiar. “La cantidad estimada de familias es de 250.000, distribuidas por todo el interior del país, especialmente en los pueblos y ciudades chicas.  Puede calcularse  que cada familia está formada al menos por cinco personas”, afirmó. “Una vez que esté el Registro se podrán universalizar las políticas relacionadas con el ordenamiento del régimen de tierras, los problemas de infraestructura, especialmente la provisión de agua para el consumo, para los animales y el riego. Vamos a encarar también temas como la construcción de caminos y comunicaciones y  la planificación de la producción de la agricultura familiar  destinada a los mercados”, sostiene Cerviño. El flamante funcionario, que estuvo largo tiempo detenido durante la pasada dictadura militar a causa de su militancia social, opina que sería posible canalizar, en beneficio de esos pequeños productores, buena parte de las compras del estado, una vez que se garanticen los debidos  resguardos sanitarios y de   calidad. ”También aspiramos a poder crear un monotributo (impuesto) específico para la actividad agraria familiar”, dice Cerviño. Los requisitos para integrar esa categoría  toman en cuenta varios aspectos. En primer lugar el tema del ingreso familiar, con respecto al cual la SAGPyA, en principio, se inclina por fijar una suma tope, que podría ser de 10.000 pesos mensuales (unos 3.290 dólares estadounidenses). También se tomará en cuenta la residencia. La  familia tiene que residir en el predio o en una población cercana. En cuanto a la tenencia de la tierra no ponemos límites, pues depende de las regiones y las zonas. Mil hectáreas en la Patagonia seguramente representan menos que cinco hectáreas en una zona de cultivo y riego intensivo. Y especialmente comprobar  que la familia sea dueña del emprendimiento y que no esté trabajando para un tercero o para uno de los llamados ‘pools’  de siembra. Otro requisito, según Cerviño, es el límite de ocupación  de mano de obra extrafamiliar. El Foro de Agricultura Familiar ha propuesto hasta tres contratados permanentes, y es posible que el número se establezca finalmente en dos, informa el funcionario. ¿Qué producen las familias dedicadas a la agricultura? “Llegan a producir hasta soja, hay familias  que la producen en extensiones de 35 hectáreas en la pampa húmeda. Pero más cultivan trigo y maíz. Después todas las producciones del campo que uno imagine, por ejemplo en el rubro ganadero, ganado bovino y caprino, toda clase de animales de granja, también hortalizas, frutales de toda clase, algunos cultivos clásicos, como tabaco y caña de azúcar y hasta algunos emprendimientos agroindustriales”, explica Cerviño. Un capítulo aparte merecen las comunidades indígenas dedicadas a la agricultura, que según estimaciones oficiales comprenden unas 20.000 familias en varias provincias, particularmente del noroeste, nordeste y centro de la Argentina. En un encuentro realizado en mayo pasado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, sus portavoces  informaron que el principal reclamo de esas comunidades es el continuo acoso que sufren de parte de empresas y algunos gobiernos provinciales, para desalojarlos de las tierras que ocupan ancestralmente. “Han utilizado todo tipo de  métodos criminales e ilegales para expulsar por la violencia, incluso armada, a comunidades campesinas e indígenas enteras, con el accionar cómplice de jueces,policías y dirigentes políticos,  violando y contaminando territorios, aguas, bosques, biodiversidad”, expresaban. Uno de los reclamos formulados entonces era “la creación de una Secretaría de desarrollo rural, un programa de Reforma Agraria Integral, programas de desarrollo de la agricultura campesina indígena, urbana y agroecológica. Si el gobierno y la oposición política no desean la desaparición, sino la multiplicación, de los medianos y pequeños productores, éste es el tiempo”. (x) De la redacción de MERCOSUR Noticias Publicado el ( Viernes, 12 de Septiembre de 2008 )

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