Los aumentos de precios en Argentina, además de
abrir una intensa polémica por la intervención al Indec, derivaron en
un debate sobre las políticas necesarias para contenerlos. El problema
inflacionario no es exclusivo del gobierno de Cristina Fernández, sino
que lo comparte con Lula da Silva, Michelle Bachelet, Felipe Calderón,
Hugo Chávez y el resto de los países de la región. En realidad, la suba
de precios es una cuestión que preocupa a la mayoría de las naciones
del planeta, pero en América latina adquirió la particularidad de que
los países adoptaron estrategias diversas para enfrentarlo. Los casos
de Brasil, Chile, México y Venezuela sirven para comprender la
complejidad del proceso, gatillado fundamentalmente por la suba de
alimentos y energía.
La inflación en América latina fue 6,5 por ciento en 2007 y a junio
de 2008 acumula un alza de 8,9 por ciento en términos anualizados. Los
aumentos se dan a un ritmo anual de 5 por ciento en México, del 6 en
Perú y Brasil, del 10 en Ecuador y de más del 30 en Venezuela. Los
incrementos son mayores en alimentos y combustibles, impactando de
lleno en los sectores de menores ingresos. Según el Estudio Económico
2007-2008 de la Cepal, en el caso brasileño el IPC-Alimentos triplica
la variación del IPC-Total y en Bolivia el precio de estos bienes
aumentó 32 por ciento.
El encarecimiento de los alimentos está impulsado por una suba de la
demanda de las economías emergentes como China e India a través de la
mejora en el ingreso de la población. A todo esto hay que sumarle el
uso de productos agrícolas para el de- sarrollo de biocombustibles.
El manejo de esta situación, en un contexto de bonanza económica, es
un asunto novedoso y nada sencillo para los países de la región. La
decisión de qué política antiinflacionaria tomar es complicada por el
impacto negativo que puede tener la aplicación de las distintas
herramientas sobre el crecimiento y el empleo. El carácter “importado”
de una parte importante de los aumentos de precios plantea un desafío
para países dependientes de las compras al exterior de bienes de
consumo masivo. En esos casos, los mecanismos tradicionales para
controlar la demanda interna pueden ayudar a reducir la inflación pero
probablemente terminen afectando el nivel de actividad.
“La inflación agroalimentaria”, un trabajo reciente publicado en
Iniciativa para la Transparencia Financiera (ITF), señala que, vistos
desde una perspectiva histórica, los aumentos de precios distan de los
períodos de alta inflación de otras épocas. En los ’70 las economías
desarrolladas registraron tasas de dos dígitos, en los ’80 países de la
región sufrieron episodios de híper y en los ’90 naciones en desarrollo
tuvieron una inflación que en algunos casos superó el 50 por ciento
anual. De todas formas, el documento de ITF sostiene que “el cambio de
tendencia operado en el ritmo de evolución de los precios ha causado
una renovada atención en el fenómeno y ha planteado, en algunos casos,
dilemas de compleja resolución para los hacedores de política”.
Mientras que algunos países de la región priorizan las herramientas
de política monetaria, restringiendo el aumento de la liquidez o
aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, otras
economías deciden atacar la inflación desde el lado fiscal, reduciendo
la expansión del gasto público o bajando la alícuota del IVA. Con
diferentes grados de efectividad, los distintos enfoques se combinan
entre ellos y muchas veces se les suman instrumentos heterodoxos como
las retenciones a las exportaciones, los acuerdos de precios con las
cadenas de comercialización y principales productores de alimentos,
como fue el caso de las tortillas de maíz en México o la creación de
mercados populares de alimentos en Venezuela.
“El nuevo escenario exige respuestas novedosas de la política
económica y una fina sintonía y coordinación de los diferentes brazos
de la política macroeconómica. Después de varias décadas de ‘malaria’,
el problema es la administración macroeconómica de la ‘bonanza’ sin
erosionar las fuentes genuinas del crecimiento”, sostiene el trabajo de
ITF.
Brasil
El gobierno de Lula fijó como prioridad económica el control de
precios y con ese objetivo aplica un sistema de metas de inflación. El
Banco Central de Brasil tiene como mandato conservar los aumentos de
precios en el 4,5 por ciento, con una tolerancia de dos puntos hacia
ambos lados. Al aplicar un esquema de este tipo, la trayectoria de
crecimiento de Brasil se retrasó en relación con la región, la política
fiscal quedó subordinada a la monetaria y las tasas de interés están
volviendo a subir, presionando a la baja el tipo de cambio y generando
mayor vulnerabilidad fiscal. Así, la inflación acumulada del primer
semestre de 2008 fue de 3,6 por ciento y las proyecciones del mercado
estiman para el año que ascenderá al 6 por ciento. En 2007, los
productos agrícolas acumularon un incremento del 24,5 por ciento anual.
“El sistema de inflation targeting implementado fue muy exitoso en
reducir la inflación. Sin embargo, el haber atendido al objetivo
inflacionario por sobre los demás tuvo sus costos”, señala el
economista del Cedes, Ramiro Albrieu, quien explica que “inflexibles
los (crecientes) gastos en seguridad social, el ajuste fiscal se volcó
hacia una presión impositiva más alta y una fenomenal reducción de la
inversión pública”.
Recientemente, Brasil aplicó límites a las exportaciones de arroz.
En abril el precio por tonelada subió 41 por ciento y decidieron
suspender las ventas al exterior de arroz de los stocks públicos para
asegurar el consumo público. “La inflación interna de Brasil,
estructural, es de alrededor del 3 por ciento. Esto viene de afuera”,
afirmó el ministro de Hacienda, Guido Mantega, cuando se supo que en
ese mes la inflación dio un nuevo salto.
Al mismo tiempo, el gobierno recrudeció su política monetaria
contractiva. El Banco Central invirtió el proceso de reducción gradual
de la tasa de interés básica colocándola en 11,75 por ciento. Al mes
siguiente el país obtuvo la calificación de “grado de inversión”,
estimulando aún más la entrada de capitales que presionan a la baja del
tipo de cambio, que llegó a ubicarse en el nivel más bajo desde 1999,
generando la pérdida de competitividad. “El diferencial de tasas genera
una entrada de capitales que presiona a la baja al tipo de cambio,
erosionando al perfil exportador. El resultado acumulado de cuenta
corriente devino deficitario y el gobierno apuró un plan de exenciones
fiscales a los exportadores e industriales como medida ad hoc. El
problema es que para implementarlo deberá recortar gastos en zonas
sensibles”, indica el economista del Cedes.
México
Al igual que Brasil, México mantiene un sistema de metas de
inflación. En este caso el Central intenta que los aumentos de precios
se ubiquen en torno al 3 por ciento anual. En julio de este año la
inflación interanual fue 5,4 por ciento y el índice de precios no
subyacente –frutas y verduras, carnes y huevos, y otros bienes–
ascendió un 6,2 por ciento. La menor tasa de crecimiento que viene
experimentando la economía mexicana se explica en parte por una
reducción en el dinamismo de las exportaciones debido a la incierta
situación económica de Estados Unidos, destino del 80 por ciento de sus
exportaciones. Según la Cepal, “el entorno económico se caracterizó por
una merma generalizada del dinamismo del consumo privado, la formación
bruta de capital fijo, la generación de empleos, el ingreso de las
familias y el crédito al sector privado, que se retroalimentaron
recíprocamente y configuraron un cuadro de menor crecimiento en un
contexto de apreciación cambiaria”. A esta situación también hay que
sumarle la ampliación del déficit comercial y una reducción del envío
de remesas.
Para combatir las presiones derivadas del alza del precio
internacional de los granos, algunas materias primas y los
hidrocarburos, la autoridad monetaria viene elevando la tasa de
interés. Pero la respuesta del precio de los alimentos a movimientos en
las tasas es muy baja: “Dada la conocida inelasticidad de la demanda de
alimentos a las subas de las tasas de interés, el intento de cumplir a
rajatabla y sin flexibilidad metas demasiado estrictas podría llegar a
‘sacrificar’ valiosos puntos de actividad y empleo, perjudicando
presumiblemente a los mismos sectores sociales a los que se busca
proteger del alza de los alimentos”, advierte el documento de ITF.
Así, el gobierno tuvo que desempolvar algunas herramientas como los
acuerdos de precios, que no ocurrían desde los años ochenta. A
comienzos de 2007, el aumento del 14 por ciento en el precio de las
tortillas, fundamentales en la dieta mexicana, llevó al presidente
Calderón a intervenir el mercado promoviendo la firma de un pacto con
comercializadores de maíz y los productores para garantizar el
abastecimiento con precios máximos. Este año, el gobierno creó un fondo
nacional de infraestructura para realizar inversiones públicas, eliminó
impuestos y aranceles para importar trigo, arroz, maíz y sorgo, entre
otros. Además redujo en 50 por ciento el arancel para la importación de
leche en polvo y quitó los impuestos para la compra de fertilizantes en
el exterior. En junio, el Estado anunció el congelamiento del precio de
24 alimentos de consumo masivo hasta fin de año.
Venezuela
En 2007, el PIB creció 8,4 por ciento y la inflación se ubicó en
22,5. Los mayores aumentos de precios se dieron en alimentos y bebidas,
salud, restaurantes y hoteles. En junio la variación interanual de
precios de los alimentos fue del 51 por ciento. Una de las principales
causas de la inflación en la República Bolivariana, que cuenta con una
estructura productiva concentrada en la producción de petróleo, son las
importaciones de alimentos. Los venezolanos traen del exterior más del
70 por ciento de lo que consumen. A este escenario hay que sumarle el
factor de puja distributiva y las tensiones políticas. El gobierno
espera que este año el crecimiento del producto sea del 6 por ciento,
el tipo de cambio se mantenga y la inflación sea del 19 por ciento.
A principios del año pasado Chávez lanzó un plan antiinflacionario
que redujo del 14 al 9 por ciento el IVA, eliminó ese impuesto de
varios alimentos y les rebajó la alícuota a los servicios de transporte
de esos bienes. En el marco del programa las autoridades aplicaron
algunas políticas monetarias ortodoxas que fueron criticadas y
apuntaron a contener la tasa de crecimiento de los agregados
monetarios, o sea a limitar la expansión de la liquidez, y además
subieron las tasas de interés. Además, el gobierno decidió quitarle
tres ceros al bolívar, la moneda nacional, que ahora pasó a llamarse
bolívar fuerte. Pero el plan no fue exitoso para controlar el proceso
inflacionario.
Los Mercados de Alimentos (Mercales) son una herramienta que
desarrolló el gobierno hace 5 años para asegurar la soberanía
alimentaria. En estos almacenes o supermercados –hoy son 15.861
establecimientos–, el Estado vende alimentos, que muchas veces importa
de países como Argentina, a precios sin margen de comercialización. Los
beneficiarios de estos programas son las familias de bajos recursos, ya
que muchas veces la clase media evita realizar sus compras ahí. Según
datos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el precio
de los alimentos en los mercados comunes llega a ser, como en el caso
del pollo, 331 por ciento mayor al precio del Mercal.
Chile
En el país trasandino están muy preocupados por la desaceleración en
la expansión del producto y un creciente proceso inflacionario. En
términos interanuales, en julio los precios aumentaron 9,5 por ciento,
superando ampliamente el rango de 2 a 4 por ciento que tiene como meta
el Banco Central. Franco Parisi, de la Universidad de Chile, sostiene
que “el 60 por ciento de la inflación se debe a factores externos como
los precios del petróleo y algunos alimentos. El 40 por ciento restante
obedece a la falta de inversiones en generación eléctrica. Además la
economía está totalmente indexada y eso propaga los aumentos de
precios”. Distintas estimaciones privadas calculan que este año la
inflación será de entre 7 y 8 puntos porcentuales.
Hace dos semanas, el gobierno de Bachelet sumó a sus herramientas
monetarias un plan fiscal por 1000 millones de dólares “para reactivar
el crecimiento y contener el aumento de precios”. El proyecto está
compuesto por 5 medidas: reducción en el impuesto a los combustibles,
eliminación del gravamen a ciertas operaciones bancarias, extensión de
beneficios fiscales para pymes, créditos tributarios para invertir en
energía solar para calefacción y la creación de un Fondo de Nuevas
Energías de 400 millones de dólares. El financiamiento del plan será
con los mayores “ingresos estructurales” que esperan en Chile. “Este
esfuerzo responde a la estrategia del gobierno de atacar la inflación
con una política fiscal responsable. Es un paquete que nos ayuda en la
inflación, en el crecimiento, a las pymes, al bolsillo de la gente. Le
da espacios al Banco Central, porque no queremos que sea la política
monetaria la que cargue con todo el peso”, apuntó el ministro de
Hacienda, Andrés Velasco. La rebaja en el impuesto al combustible
significará una merma de 0,25 de punto porcentual en el IPC de octubre,
si es que entra en vigencia en ese momento. Según Velasco, el segundo
impacto es indirecto y “es mucho más importante, es el aporte central
que hace a la contención de la inflación una política fiscal que está
ordenada”.
